Por: Robert K. Valane, Esq.

Para muchos que no son ciudadanos de los Estados Unidos, la cuestión de la detención obligatoria puede surgir cuando el extranjero ha sido condenado por un delito criminal. Normalmente, cuando un extranjero entra en custodia de ICE, un juez de inmigración determinará el monto de la fianza, en este caso, en un proceso conocido comúnmente como una audiencia de fianza. Sin embargo, la ley también establece si el detenido no tendra derecho a una fianza si ha sido condenado por ciertos delitos extraíbles como delitos de vileza moral, delitos graves, delitos de sustancias controladas, y los delitos con armas de fuego. Si este es el caso, se dice que el detenido es sujeto a “detención obligatoria”, mediante la cual debe permanecer en prisión hasta que se resuelva su caso de inmigración.

En 2003, la idea de la detención obligatoria no presentó ningún problema constitucional porque la duración de la detención era aproximadamente de 47 días. Desde entonces, el promedio de tiempo que los detenidos obligatoriamente, pasan en prisión ha aumentado significativamente debido a la acumulación abrumadora en los procedimientos de inmigración, dejando a muchos de estos detenidos languidecen en las cárceles de los condados y las instalaciones del ICE durante meses y a veces años.

Recientemente, el Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito, en Lora V. Shanahan, se dirigió a este aspecto de la ley de detención obligatoria. En concreto, el tribunal analizó si la prolongada detención de un extranjero, que está sujeto a detención obligatoria, viola su derecho al debido proceso de conformidad con la Constitución.

El caso de Alejandro Lora, un residente permanente legal y ciudadano de la República Dominicana, que fue condenado por delitos relacionados con drogas, sentenciado a libertad condicional, y detenido por agentes de ICE bajo la ley de detención obligatoria. Después de pasar cuatro meses en prisión, Lora solicitó un recurso de hábeas corpus, con el argumento de que el encarcelamiento indefinido sin la oportunidad de solicitar la libertad bajo fianza violaba la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución. El Tribunal de Distrito estuvo de acuerdo, el establecimiento de una fianza por la cantidad de $ 5,000.00, y el gobierno apeló.

En una decisión histórica, el Segundo Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó la sentencia de la Corte de Distrito, al dictaminar que, a fin de evitar los problemas constitucionales planteados por la detención indefinida, un extranjero detenido en virtud de detención obligatoria se le debe conceder una audiencia de fianza ante un juez de inmigración dentro de los 6 meses de su detención. Además, enlace a continuación, debe ser fijado por el juez de inmigración a menos que el gobierno establezca que el extranjero es un riesgo de fuga o un riesgo de peligro para la comunidad.

Esta nueva celebración es muy importante, ya que podría potencialmente beneficiar a un número incontable de inmigrantes detenidos que ya han pasado 6 meses en prisión y son elegibles para libertad bajo fianza.

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